Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.— Fueron presentados varios hallazgos durante el
encuentro virtual “Las hijas e hijos de personas desaparecidas tienen derecho a la verdad, la
justicia, la memoria y el futuro”, realizado en el contexto del Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas, con participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Nuevo León (CEDHNL), Buscadoras de Nuevo León, el Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo (CEPAD), Tejiendo Redes Infancia, familiares de personas desaparecidas y personas
adolescentes.
El informe temático Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: estimación nacional,
invisibilidad institucional y obligaciones urgentes, elaborado por Tejiendo Redes Infancia y el
Observatorio Infancia Latina, identificó en los cortes del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas del 27 de agosto de 2026 103,176 registros de personas de
entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas o no localizadas. Al aplicar como indicador
general 1.60 hijas e hijos, conforme a la ENADID 2023, el ejercicio obtiene cerca de 165 mil
hijas e hijos potencialmente vinculados con ese universo. La propia metodología advierte que
no se trata de personas individualmente identificadas ni permite afirmar que todas sean
actualmente niñas, niños o adolescentes.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, explicó que la principal
relevancia de la estimación no consiste en presentar una cifra definitiva, sino en evidenciar una
responsabilidad pública pendiente: “Lo que es importante señalar es que no hay datos
oficiales”. Durante la presentación insistió en que el problema central es que los registros sobre
desaparición cuentan personas, pero no reconstruyen sus relaciones familiares, lo que impide
saber cuántas hijas e hijos requieren protección, atención, información, acompañamiento o
restitución de derechos.
Esta omisión nacional encuentra un correlato concreto en Nuevo León. El Informe especial
sobre hijas e hijos de personas desaparecidas. Recomendaciones para el diseño de una política
pública, elaborado por la CEDHNL, desarrolló una estimación estatal de 8,941 niñas, niños y
adolescentes potencialmente afectados por la desaparición de 5,588 personas de entre 15 y
49 años. Al presentar los resultados, la presidenta de la Comisión, la Dra. Olga Susana Méndez
Arellano, Presidenta de la CEDHNL advirtió: “No existe un registro oficial que permita conocer
con precisión cuántas niñas, niños o adolescentes tienen a una persona desaparecida en su
familia”.
A diferencia de ejercicios sustentados exclusivamente en registros administrativos, el informe
de la CEDHNL incorporó directamente las voces de las infancias mediante una audiencia
pública en la que participaron 14 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años y 14
madres, abuelas, cuidadoras y familiares. El proceso permitió documentar afectaciones
emocionales, escolares, económicas, familiares y comunitarias, pero también sus propuestas
dirigidas a las autoridades. Las propias infancias plantearon la necesidad de fortalecer la
búsqueda, la seguridad y una respuesta institucional que los escuche y tome en serio.
La desaparición de una persona no produce solamente una ausencia. Reorganiza cuidados
sobre cargando a las mujeres, disminuye ingresos económicos, afecta las relaciones familiares,
escolaridad, seguridad, limita las posibilidades de recreación y proyectos de vida. El informe
documenta que algunas personas adolescentes deben combinar estudios con trabajos
prematuros y que el miedo, los problemas de sueño, el bajo rendimiento escolar y las
alteraciones emocionales pueden acompañar durante años la incertidumbre sobre el destino
de su familiar.
Esa transformación fue descrita durante el encuentro por María Luisa Castellanos, Presidenta
de Buscadoras de Nuevo León, quien lleva más de 15 años buscando a su esposo y
acompañando a sus cuatro hijos. “Creo que tendríamos que preguntar qué es lo que no cambia,
porque cambia todo radicalmente”, señaló. Castellanos cuestionó especialmente las prácticas
adultocéntricas que, bajo la intención de proteger, excluyen a las infancias de información que
afecta directamente sus vidas y alertó sobre el estigma que también pueden enfrentar en
escuelas y comunidades.
La voz de Darian, adolescente e hija de una persona desaparecida, colocó en el centro una
experiencia que difícilmente aparece en los registros institucionales. “Crecer buscando a
alguien es crecer con una ausencia, pero también con esperanza”, expresó. La adolescente
pidió que autoridades, escuelas y sociedad escuchen y tomen en serio su dolor, garanticen
acompañamiento psicológico y educativo y eviten que las personas desaparecidas terminen
reducidas a una cifra o a una noticia que después se olvida.
Su participación evidenció uno de los planteamientos centrales de ambos informes: las hijas e
hijos de personas desaparecidas no son únicamente personas que necesitan protección, sino
titulares de derechos, personas con agencia y fuentes legítimas para comprender las
consecuencias de la desaparición y participar en las decisiones públicas que afectan sus vidas.
La discusión recuperó también la experiencia desarrollada por CEPAD en Jalisco, donde desde
2022 se han fortalecido procesos colectivos de acompañamiento psicosocial para niñas, niños
y adolescentes que buscan a familiares desaparecidos. En agosto de 2025, la organización
realizó en Guadalajara el primer Encuentro Nacional “Ausencias que se nombran, voces que se
encuentran, tejiendo el cuidado colectivo”, en el que participaron más de 70 niñas, niños,
adolescentes, juventudes y personas cuidadoras procedentes de Ciudad de México, Colima,
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora,
Veracruz y Zacatecas. El encuentro combinó espacios diferenciados por edades e
intergeneracionales para hablar de las ausencias, las experiencias de violencia, las emociones
y las estrategias de resistencia y cuidado colectivo. (CEPAD)
Francisco Campos, de CEPAD Jalisco, explicó que esos procesos buscan trascender una
mirada centrada exclusivamente en el daño: “No se trata únicamente de mirar el dolor o la
condición de víctima”. El acompañamiento, señaló, debe reconocer las capacidades, recursos,
formas de resistencia, experiencias y propuestas propias de niñas, niños y adolescentes, sin
trasladarles responsabilidades que corresponden a las personas adultas y, fundamentalmente,
al Estado.
La experiencia de CEPAD también permitió documentar cómo el silencio adulto puede
producir nuevas afectaciones. Su diagnóstico Las infancias como principio rector advierte que,
cuando no existe una explicación adecuada sobre la desaparición, niñas y niños pueden
construir interpretaciones propias que incrementen la culpa, la ansiedad y la incertidumbre. La
CEDHNL retomó este antecedente para señalar que ocultar información no necesariamente
protege y que cada niña o niño requiere respuestas adecuadas a su edad, contexto y
autonomía progresiva.
El informe de la CEDHNL plantea respuestas concretas para comenzar a cerrar esa brecha:
generación periódica de información estadística; reconocimiento efectivo de niñas, niños y
adolescentes como víctimas indirectas; atención jurídica, psicológica y de salud especializada;
mecanismos de información accesibles; protocolos de primer contacto; prevención del
estigma y la discriminación escolar; programas sociales para las familias cuidadoras y
mecanismos permanentes de participación infantil y adolescente.
Las voces compartidas durante el encuentro advierten que buscar a una persona desaparecida
también significa acompañar a quienes crecen esperándola. Hacer visibles a sus hijas e hijos
exige pasar de una política fragmentada y adultocéntrica a una respuesta pública capaz de
articular búsqueda, verdad, justicia, memoria, reparación, cuidados y proyecto de vida.
