Marcha por el agua en Guadalajara deja un saldo de 39 detenidos, uso de gases y denuncias de desapariciones

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La manifestación masiva denominada «Mega Marcha por el Agua Limpia», realizada el domingo 11 de octubre, derivó en un violento enfrentamiento en las inmediaciones de Casa Jalisco, dejando un saldo oficial preliminar de 39 personas detenidas, uso de gases lacrimógenos, decenas de lesionados y denuncias por presuntas desapariciones de manifestantes.

La movilización, que congregó a miles de ciudadanos desde la Glorieta de La Minerva para exigir una solución definitiva al problema de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cambió drásticamente de rumbo al llegar a la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. En el sitio, un fuerte cerco de policías antimotines y vallas de seguridad restringieron el paso de los contingentes.

De acuerdo con reportes de las autoridades del Gobierno de Jalisco, la violencia se desató cuando un presunto grupo de choque compuesto por personas encapuchadas comenzó a derribar el vallado y a lanzar objetos contundentes y cloro a los uniformados. Para replegar la concentración, los cuerpos policiales activaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, afectando también a colectivos que se manifestaban pacíficamente.

El saldo médico reportado hasta el momento incluye a 28 policías lesionados (dos de ellos graves por fractura de cráneo y la amputación de un dedo) y 31 civiles atendidos en el lugar de los hechos.


Aunque la cifra oficial del Gobierno del Estado se mantiene en 39 detenidos (21 hombres y 18 mujeres), partidos de oposición y organizaciones civiles aseguran que la cantidad real supera los 50 arrestos de índole arbitraria. Además, se emitieron alertas públicas por manifestantes cuyo paradero se desconocía tras el repliegue, si bien las autoridades locales confirmaron la liberación de al menos 10 personas durante las últimas horas.

Ante esta situación, la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el ITESO confirmaron que miembros de sus respectivas comunidades estudiantiles se encuentran entre los afectados y exigieron de manera inmediata el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ya abrió un acta de investigación formal tras recibir las primeras quejas por abuso policial.

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