La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Esta propuesta busca unificar la definición del delito, las penas y los protocolos de actuación en las 32 entidades federativas del país para eliminar los vacíos legales que favorecen la impunidad.

El proyecto legislativo toma como base el modelo jurídico implementado en la Ciudad de México y establece una sanción unificada a nivel nacional de 50 a 70 años de prisión para el feminicidio consumado. Asimismo, la tentativa de feminicidio será castigada formalmente con una pena que va desde la mitad hasta las dos terceras partes de la condena del delito consumado.

La ley contempla un catálogo de 19 agravantes que incrementarán el castigo. Estas aplicarán si la víctima es una niña, adolescente, mujer embarazada, adulta mayor, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando la agresión involucre ataques con ácido. Además, se decretó la imprescriptibilidad del delito, por lo que el feminicidio, sus sanciones y la reparación del daño no caducarán con el tiempo, quedando excluidos de criterios de oportunidad o conmutación de penas.

A partir de esta ley, toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse obligatoriamente bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio. Con esto se busca evitar que los Ministerios Públicos clasifiquen erróneamente los casos como suicidios u homicidios dolosos comunes. De igual forma, se establece una política de cero tolerancia institucional: cualquier servidor público que cometa, encubra o entorpezca la investigación de este delito será destituido de su cargo e inhabilitado de manera permanente.