Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a siete personas más, por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos conocida como «huachicol fiscal». Tras una audiencia que se extendió por más de 30 horas, la autoridad judicial dictó prisión preventiva para los implicados y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados utilizaban la empresa Ingemar S.A. de C.V. —de la cual el exmandatario panista es socio fundador y accionista mayoritario— para introducir combustible ilegalmente desde Estados Unidos por vía ferroviaria.
El Ministerio Público Federal expuso que la organización criminal reportaba ante las aduanas únicamente el 10% del volumen real del hidrocarburo que ingresaba al país. Bajo este esquema, se calcula que introdujeron de forma ilícita más de 2 mil 137 millones de litros de combustible, lo que provocó un quebranto al erario superior a los 166 millones de pesos por concepto de evasión de impuestos.
Debido a la gravedad de los delitos imputados —delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos—, la jueza de control ordenó mantener tras las rejas a los procesados, aunque determinó tres sedes distintas según su condición:
- Penal del Altiplano: El exgobernador Ernesto Ruffo Appel y cuatro coacusados (Ricardo «N», José «N», Juan «N» y Luis «N») fueron recluidos en este centro penitenciario de máxima seguridad.
- Prisión domiciliaria: Dos de los implicados (José María «N» y Guillermo «N») recibieron este beneficio debido a complicaciones en su estado de salud.
- Penal estatal: Adriana «N», la única mujer del grupo de procesados, fue trasladada al CERESO Nezahualcóyotl Sur.
