Tras varios desencuentros, una huelga que duró 24 días y diversas demandas laborales, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), acudirá al Congreso del Estado para solicitar al diputado presidente Baltazar Gaona García juicio político en contra de la Rectora Yarabí Ávila González.

De acuerdo con el secretario general del SUEUM, Eduardo Tena Flores, la presente administración desde su llegada no dió oportunidad de una relación en la que se resolvieran los problemas heredados de otras administraciones con el apoyo del gobierno estatal y su ejemplo en el pago de adeudos, además de que arrastró la falta de pagos de prestaciones y cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo durante su administración.

Denunció que la Rectoría ha dado al conflicto laboral un tratamiento fragmentado. En lugar de reconocer la dimensión colectiva del incumplimiento, ha obligado al Sindicato, a trabajadores, jubilados y beneficiarios a transitar por rutas separadas, parciales, administrativas, laborales, judiciales o extrajudiciales, generando un desgaste procesal innecesario.

Lo que marca como una de las razones del juicio político en razón de que esta forma de administrar el conflicto tiene efectos concretos: retrasa pagos, divide reclamaciones, encarece la defensa sindical, prolonga el sufrimiento de beneficiarios, obliga a trabajadores a promover procedimientos individuales, multiplica audiencias, genera incidentes, produce nuevos emplazamientos y mantiene en incertidumbre a la base trabajadora.

«Dicho patrón no puede verse como una simple estrategia jurídica. Cuando una universidad pública utiliza los procedimientos para retardar el cumplimiento de derechos reconocidos, el problema deja de ser estrictamente laboral y adquiere dimensión política. La función pública no puede ejercerse mediante tácticas de desgaste».

El dirigente recordó que el SUEUM ha denunciado el manejo discrecional de recursos e incluso la UMSNH mantiene observaciones de las Auditorias Superior de la Federación y de Michoacán por montos que rondan los 240 a 295 millones de pesos, mismos que no han sido aclarado, además de la construcción de obras innecesarias como la alberca olímpica que significará un gasto superior en mantenimiento y lá compra de juegos infantiles.

Además del emplazamiento a huelga por violación a más de 40 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo.

«Cada incumplimiento contractual tiene una traducción humana concreta. El impago de una gratificación por antigüedad afecta proyectos familiares. El impago de un seguro de vida afecta la subsistencia de familias en duelo. La falta de seguridad social afecta la salud y la dignidad de trabajadores precarizados. La falta de viáticos, dotaciones, apoyos, escalafón, transporte, vacaciones, jornada, becas, condonaciones y demás prestaciones afecta la vida diaria de personas que sostienen la operación de la Universidad».

Apuntó que el conflicto laboral no puede reducirse a cifras contables. «Detrás de cada cláusula violentada hay trabajadores que han limpiado aulas, mantenido edificios, resguardado archivos, atendido ventanillas, operado oficinas, cuidado laboratorios, apoyado trámites escolares, realizado funciones administrativas, trasladado personal, sostenido instalaciones y permitido que la Universidad funcione. Por ello, la omisión de Rectoría no sólo afecta una relación contractual; compromete el buen despacho de la función pública universitaria».

En este sentido, Tena Flores apuntó la importancia de que el Poder Legislativo intervenga en la situación de la Universidad Michoacana ya que durante varios rectorados las autoridades han abusado de su posición, sin que ninguna autoridad vigile, juzgue y determine si se requiere de algún tipo de castigo al respecto, por lo que agradeció la atención de los legisladores michoacanos.